Para la comisión de familia ha sido un año de mucho e intenso trabajo.
1) Atento que a pesar del tiempo transcurrido desde que entrara en vigencia el Acuerdo 3964, al 2021 no se había avanzado en acuerdos que permitieran articular entre los fueros de familia y penal en cuanto a aquellas denuncias de violencia familia o doméstica, que además implicara un delito, la Comisión propuso a la secretaria de servicios jurisdiccionales un Programa de sensibilización y capacitación interfueros. Ese programa tenía previsto un encuentro global, y 3 encuentros regionales donde se intentó discutir y consensuar estrategias para el cumplimiento de la Acordada. Hoy en día, cumplidos todos los acuerdos se han avizorado muy lento progreso.
2) Se hizo una evaluación de las vacantes existentes en el fuero, y se elevo a la Comisión Directiva el listado de las mismas, a fin de que a través de la Presidencia se pudiera avanzar en los trámites para ir completando las vacantes pendientes.
3) Se organizaron encuentros para el Dr. Pablo Raffo y su equipo técnico informara y capacitara al fuero de familia en la implementación del Registro de cuidadores, programa que había sido propuesto por el Dr. Raffo y realizado como piloto por su juzgado, con excelentes resultados.
4) Se elevó una propuesta de modificación del Reglamento Notificaciones y presentaciones electrónicas, que contemple las circunstancias propias del fuero, entre ellas las de notificaciones de sectores vulnerables.
5) La Coordinadora de la Comisión a instancia y junto con el Dr. Dr. Esteban Félix García Martínez tomaron contacto con funcionarias del Organismo Niñez, infancia y adolescencia, con quien se dialogó debido a las dificultades existentes en el funcionamiento de los órganos administrativos que integran el Sistema de Promoción y Protección de los derechos del Niño, y se acordó avanzar en un plan de capacitación regional o departamental.
6) La comisión ha trabajado también en la divulgación de encuentros que propuestos por colegios departamentales hacen a la problemática del fuero de familia.
Para la comisión de familia ha sido un año de mucho e intenso trabajo.
Desde marzo de 2019, el Colegio Departamental integra la Comisión Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad.-
Dicha Comisión tiene por principal objetivo visibilizar a las personas con discapacidad y su problemática en el acceso a la justicia.-
Se procura, a través de su actividad, garantizar el efectivo goce de los derechos de las personas con discapacidad, no solo en el ámbito judicial, sino en todos aquellos espacios que pudieren llegar a su conocimiento.
Para esto, desde su creación, se han llevado a cabo tareas concretas tales como:
- Gestión ante la SCBA para la incorporación de Interpretes en Lenguaje de Señas como Peritos integrantes de las Asesorías Periciales:
- Relevamiento de los edificios en los que funcionan organismos dependientes del Poder Judicial, para detectar falencias en las condiciones de accesibilidad (rampas, estacionamientos, ascensores, espacios de circulación adecuados, baños adaptados, etc.) y realizar los reclamos pertinentes ante el área de Arquitectura;
- Relevamiento y pedido de informes a la SCBA sobre el cumplimiento de la Ley 10592, que establece el Sistema de Empleo para Personas con Discapacidad;
- Elaboración de un compendio de normativa (nacional e internacional) referida a los Derechos de las Personas con Discapacidad (próximo a su conclusión y difusión);
Asimismo, la Comisión ha organizado jornadas de capacitación y de concientización en coordinación con distintas organizaciones vinculadas a ese colectivo (vgr. ASDRA, Sec. De Personal de la SCBA, entre otras).
Se ha analizado la posibilidad de gestionar ante el Consejo de la Magistratura, la posibilidad de incorporar materias en la Escuela Judicial, vinculadas a los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendientes a la sensibilización de los futuros magistrados.
En forma cotidiana se comparten, analizan e intercambian informaciones relativas a disposiciones, resoluciones, o cualquier tipo de actividad vinculada a los Derechos de las Personas con Discapacidad.-
Como información relevante para todos los Magistrados que integran el Poder Judicial Provincial, es de destacar la surgida de la reunión mantenida en Mayo de 2020 con los representantes del Registro de Aspirantes con Discapacidad para ingresar al Poder Judicial de la SCBA, Dres. Arturo Jasovich y Guillermo Tortarolo.
Dicho Registro fue creado por Resolución de Presidencia de la SCBA N° 731, del 26 de agosto de 2019, con el objetivo de cumplir, desde la órbita judicial, con lo establecido en la ley 10592, que regula el Régimen Jurídico Básico e Integral para las personas con discapacidad.
Los responsables de dicho registro informaron que se está elaborando el Programa de Inclusión Laboral, que contemplará aspectos tales como la inclusión laboral; el adecuado acompañamiento del agente con discapacidad y del grupo de trabajo en el que se inserta; la eliminación de las barreras arquitectónicas en el organismo, atendiendo a las particularidades de la discapacidad de que se trate en el caso concreto; directivas para abordar problemas de comunicación y/o de aceptación; supervisión del tipo de tareas que se asignen, entre otras cuestiones.
Los aspirantes pueden inscribirse desde su propia Computadora Personal, pueden contar con asistencia de terceros para facilitarles la tarea.
La Discapacidad se acredita con el Certificado Único de Discapacidad, que se adjuntará como archivo PDF junto al curriculum vitae.
Para todo este proceso de inscripción pueden contactarse y contar con el acompañamiento y asesoramiento de los responsables del Registro, que evacuarán sus dudas en particular.
El listado de personas inscriptas se encuentra a disposición de todos los Departamentos Judiciales.
La inscripción en el Registro constituye un paso más para el ingreso, toda vez que deberá contarse también con la propuesta del titular del organismo, y todos los pasos normales para el ingreso de cualquier agente judicial.-
Asimismo, existe una coordinación con el Servicio de Colocación Laboral Selectiva para personas con Discapacidad (SECLAS) perteneciente al Ministerio de Trabajo, quien también realiza una evaluación y entrevista al aspirante.-
Para realizar una propuesta de ingreso de una persona integrante de dicho registro existen dos alternativas:
a) el titular de un organismo que cuenta con una vacante en su planta de personal puede optar por proponer a una persona inscripta en este Registro, siguiéndose luego todos los trámites habituales para el ingreso.
b) Solicitar la incorporación de un inscripto en el Registro, para desempeñar tareas en el organismo a su cargo, invocando el cupo previsto por la ley 10592. Esta propuesta en particular será sometida a un análisis de factibilidad, dado que corresponde analizar en concreto si existe ese cupo disponible o no.
Ha estado ocupada la mayor parte del año pasado y el actual con las dificultades que surgieron de la puesta en funcionamiento del expediente digital, lo que trajo aparejado un sin número de dificultades que merecieron un debate sostenido entre pares a los efectos de lograr un funcionamiento eficaz y eficiente, teniendo siempre en cuenta, la menor cantidad de inconvenientes para los justiciables.
Se encuentra avocada a una investigación con relación al juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, a seis años de su implementación. Los objetivos son evaluar el funcionamiento del sistema, la manera en que los operadores judiciales nos adaptamos al mismo, la posibilidad de trasladad las herramientas de litigación tanto a la etapa de investigación penal, como a los juicios con jueces profesionales, evaluar posibles reformas legislativas para optimizar su aplicación y que las experiencias sirvan como un espacio de formación y aprendizaje para todos los actores.
La Dra. Laura Margaretic esta encabezando desde el Departamento Judicial la recopilación de datos necesarios y que se ha solicitado a todos los actores, ya sea de la administración de justicia como asimismo del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Se agradece la dedicación y el aporte de los operadores a este trabajo de investigación.
La Comisión de la Justicia de Paz ha receptado en todo su tiempo de funcionamiento peticiones, observaciones e inquietudes de jueces y funcionarios de los Juzgados de Paz que conforman el Departamento Judicial de Azul.
En dicho marco cabe resaltar ciertas temáticas que han sido de interés general de este fuero. En ese sentido es menester mencionar la preocupación por el período de vacancia de cargos de magistrados en ciertos organismos, demora que se ha acrecentado en atención a la Pandemia que estamos transitando.
Por su parte y como consecuencia de ello, la asunción de subrogancias por parte de magistrados titulares de otros organismos, con complejidades como la distancia, el acceso a las tecnologías y las materias propias de la Justicia de Paz, ha contribuído a que el servicio de justicia no se haya prestado en forma óptima, ello sin contar que atento el sistema de subrogancias establecido por la SCBA determina que en muchos casos las mismas sean desempeñadas por magistrados de otros departamentos judiciales con las dificultades que ello conlleva por los distintos criterios de las Cámaras departamentales.
Al ser la Justicia de Paz un organismo “multifuero” en razón a las cuantiosas materias en la que por estos organismos tramitan, se plantearon múltiples reclamos por carencias de recursos (en especial humanos). Al respecto, esta Comisión concluye que la materia de violencia de género y violencia familiar y las cuestiones o procesos de familia en general, ocupa gran parte de la dedicación de los recursos diarios para su tratamiento.
En particular, el incremento notable de denuncias en la totalidad de las localidades y la urgencia en dar respuesta a dicho flagelo, ha llevado a la necesidad de abocar gran parte los escasos recursos con que se cuenta a dichos fines, siendo un reclamo constante en dicho sentido la falta formación de equipos técnicos en la mayoría de los Juzgados.
Por su parte se ha debatido en derredor de la importancia de la labor de profesionales peritos psicólogos y peritos sociales en el abordaje adecuado al tratamiento de los procesos de violencia, observándose que hay organismos en los cuales se encuentra trabajando sólo un profesional o en su defecto en itinerancia con otros Juzgados, habiendo incluso dependencias que no cuentan con peritos designados.
Esta comisión, en el último período, tomó conocimiento de inconvenientes tecnológicos en dependencias los cuales tomaron notable relevancia durante el desarrollo de la Pandemia Sars cov 2 declarada por la OMS. Sin perjuicio de ello, se deja constancia de que en los Juzgados de Paz se mantuvo el servicio de justicia brindado a las diferentes comunidades del departamento, no obstante transitar con múltiples dificultades como falta de conectividad del acceso remoto, la formación de grupos de trabajo (lo cual es complejo ante el desempeño de tareas del reducido personal) y cuestiones edilicias que imposibilitan el desarrollo de cumplimientos de protocolos establecidos por la SCBA.
Por último, esta Comisión ha tratado la asignación de cuantiosos aportes económicos y académicos que el Consejo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul aprobó destinar a las localidades que conforman la Justicia de Paz en este departamento. Verbigracia podemos mencionar la donación recursos económicos destinados a nosocomios abocados al tratamiento de la Pandemia Sars cov 2 y fondos a ONGs con fines sociales. Asimismo, en el aspecto académico, colaboración en la inscripción de los encuentros de Justicia de Paz que desarrolla este fuero a nivel provincial cada dos años y apoyo económico a cursos y posgrados a los cuales asistieron o asisten miembros de la Justicia de Paz, como diplomatura Universitaria Superior en Sistema de Justicia y Democracia Constitucional dictada por la Facultad de Derecho de la UNICEN.
Todo lo expuesto, forma parte del temario que esta Comisión de Justicia de Paz departamental ha tratado en este tiempo a requerimiento de las distintas dependencias del fuero y que fueron expuestos y tratados en las correspondientes reuniones mensuales del Consejo a la que los suscriptos asisten.
Facere provident incidunt quos voluptas.
La comisión está integrada por Magistrados y Funcionarios del ámbito del Derecho Público no Penal, que centra su actividad en Áreas del Derecho Constitucional, Derechos Administrativo y Derecho Tributario.
La finalidad de la misma es reunir a Magistrados y Funcionarios que tengan la intención de capacitarse e indagar en los temas y novedades que traen, día a día, estas especialidades del Derecho.
Entre las actividades destacadas del año 2021 se realizaron distintas Jornadas y Reuniones, con la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del proyecto de Ley que elevaría el Poder Ejecutivo Provincial sobre “Responsabilidad del Estado”. En dicho marco se está trabajando sobre distintos puntos del proyecto de Ley, lo que luego conformará un informe del Colegio Provincial que será presentado ante el Poder Ejecutivo.
También en el marco de capacitación permanente, conjuntamente con el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se concretó la realización de la Jornadas "El control de constitucionalidad en los tribunales ordinarios: criterios y métodos para su ejercicio" que contó con la disertación del Dr. Pedro Caminos.
En fecha 16 de marzo de 2018 se produjo la primera de las reuniones de la Comisión creada por el Consejo Directivo del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires con motivo del anteproyecto de reforma dela Ley 11.653 de Procedimiento Laboral.
La finalidad de la creación de dicha Comisión fue analizar dicho proyecto del Colproba y elaborar un dictamen sobre el mismo.
Por nuestro Departamento Judicial quien representó al mismo fue el Dr. Guillermo López Arévalo.
Se desarrollaron varias reuniones en la ciudad de La Plata y también en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. Existieron dos posturas, una que pretendía directamente rechazar el anteproyecto y la otra si bien rechazaba el proyecto le pretendía hacer las modificaciones necesarias para intentar que salga el mejor anteproyecto posible, siendo ésta postura, la que luego de consultados los Magistrados del Trabajo de nuestro Departamento Judicial, elevé y la que en definitiva la Comisión tomó como propia.
Realizadas un sinnúmero de reuniones y volcadas las modificaciones necesarias en un único texto, la Comisión eligió a diferentes representantes para que elevaran la voz de nuestro Colegio Provincial en ésta materia y los mismos se reunieron con diferentes bloques de ambas Cámaras, esto ocurre a partir del 26 de abril de 2018. También nos propusimos como miembros de ésta Comisión difundir nuestro parecer, es así que en el caso de nuestro Departamento Judicial se realizaron Jornadas expositivas que realizó el Dr. López Arévalo en la ciudad de Olavarría (amplia convocatoria de más de 90 letrados) en la sede de A. O. M. A. y en la localidad de Tandil (Campus UNICEN) también con excelente convocatoria e interés.
Finalizada la labor de la Comisión que evaluaría el Anteproyecto, se elevó un pedido para que la misma siga funcionando con algunos matices para dar lugar a la formación dentro del Colegio Provincial de la Comisión Provincial de Derecho del Trabajo.
Luego de la fecha (1/2/2020) prevista para la entrada en vigencia de la Ley 15.057 regulatoria del nuevo proceso laboral bonaerense, la justicia del trabajo se encontró ante un escenario complejo y confuso derivado de la coexistencia de dos normas procesales difíciles de compatibilizar. Pese a la derogación del proceso instituido para los Tribunales del Trabajo, no estaban dadas las condiciones para la aplicación de la nueva norma, fundamentalmente por la falta de designación y puesta en funcionamiento, tanto de los juzgados unipersonales, como de las Cámaras de Apelación.
Por esta razón, la Comisión con la representación de este colegio a través de los Dres. Lopez Arévalo y Sachet, luego de mantener diversas reuniones de manera virtual en el marco de la pandemia, elaboró un proyecto de ley destinado a dar certeza tanto a los magistrados como a los justiciables durante la transición y hasta tanto estén dadas las condiciones funcionales para la puesta en vigor de la Ley 15.057.
Ese proyecto que fue elevado y actualmente se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo Provincial, básicamente suspende la vigencia de la Ley 15.057 y reestablece la Ley 11.653.